El Gobierno y los principales sindicatos han alcanzado un entendimiento que marcará el rumbo de la Administración Pública durante los próximos años. Este nuevo marco, concebido para impulsar una gestión más moderna y eficiente, incluye compromisos salariales, reformas organizativas y una adaptación profunda de los servicios públicos. Se trata de un acuerdo amplio que pretende responder a los retos sociales, laborales y tecnológicos que afronta el sector público.
El documento establece una batería de medidas dirigidas a mejorar las condiciones profesionales del personal público y a reforzar la calidad del servicio a la ciudadanía. Las actuaciones pactadas se extenderán hasta 2028 y se articularán a través de una comisión de seguimiento encargada de supervisar su cumplimiento. Este órgano será clave para evaluar avances y garantizar que las medidas acordadas se implementen con rigor.
Entre los puntos más destacados figura un calendario de incrementos salariales que busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años. A ello se suman cambios en los procesos selectivos, programas de capacitación en competencias digitales y una clara apuesta por ofrecer una atención más cercana y accesible a la población. Las reformas pretenden dar respuesta a las crecientes exigencias de transparencia, agilidad administrativa y adaptación tecnológica.
La modernización de la Administración, uno de los objetivos centrales del acuerdo, se plantea como un proceso integral que abarca desde la reorganización de los recursos humanos hasta la adopción de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial. Las líneas estratégicas reflejan la intención de construir un modelo de gestión pública más eficiente, inclusivo y capaz de afrontar los desafíos del futuro.
¿Cómo quedan los incrementos salariales para los próximos años?
Los compromisos salariales ocupan un lugar central en el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. El documento establece un calendario de incrementos progresivos con el fin de mejorar las retribuciones y compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Las subidas están diseñadas para aplicarse de manera escalonada y con criterios que tienen en cuenta la evolución económica.
Durante el año en curso, las retribuciones alcanzarán un aumento total del 11,4% teniendo en cuenta los ajustes vinculados al denominado efecto desplazamiento. Para 2025, se fija un incremento del 2,5% con carácter retroactivo desde enero. Este ajuste podría hacerse efectivo de inmediato una vez completados los trámites administrativos. El objetivo es garantizar una actualización ágil que beneficie a toda la plantilla pública.
En 2026, la subida será del 1,5% fijo, complementado con un 0,5% variable condicionado a la evolución de la inflación. Este componente adicional se aplicará si el índice de precios supera el 1,5%. Para 2027, se prevé la subida más significativa, un 4,5% sobre la base salarial del año anterior. Finalmente, en 2028 se aplicará un incremento del 2%, consolidando así un ciclo de mejoras progresivas. El diseño de estas subidas busca equilibrar estabilidad presupuestaria y protección del poder adquisitivo.
¿Qué cambios se aplicarán en los procesos selectivos y la carrera profesional?
La reforma de los procesos selectivos constituye otro de los pilares del acuerdo. El Gobierno se compromete a revisar y agilizar las convocatorias con el fin de ofrecer un sistema más eficiente, transparente y adaptado a las necesidades actuales. El objetivo es reducir tiempos, garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la planificación de recursos.
Entre las medidas previstas se incluye la publicación de calendarios que aporten mayor seguridad a los aspirantes, la adecuación de pruebas a las características específicas de cada cuerpo y la apuesta por aumentar las vacantes en territorios con dificultades de cobertura. Asimismo, se refuerzan los programas de becas para facilitar el acceso a personas con menos recursos, favoreciendo un modelo más inclusivo.
La promoción interna, una de las demandas históricas de los trabajadores públicos, también se actualiza. El acuerdo plantea la creación de un sistema propio de acceso para este colectivo, diferente al turno libre. Además, se trabajará en itinerarios que permitan avanzar en la carrera profesional de forma más ágil y planificada. Estas medidas buscan impulsar un modelo que reconozca la experiencia y facilite el desarrollo profesional dentro de la Administración.
¿Cómo se reforzará la atención a la ciudadanía y la conciliación laboral?
El documento firmado incorpora mejoras destinadas a fortalecer la atención presencial y resolver situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la brecha digital. En las futuras ofertas de empleo público se priorizará la incorporación de personal destinado a estos servicios, con el fin de ofrecer un trato más cercano y accesible. Esta apuesta responde a la demanda de recuperar espacios de atención directa, especialmente en zonas con menor acceso a recursos digitales.
En materia de conciliación, se revisarán los permisos relacionados con necesidades familiares urgentes y situaciones de especial vulnerabilidad. También se implementarán mejoras para quienes deban atender a hijos con enfermedades graves. De cara a 2026, se revisarán al alza las indemnizaciones por razón de servicio, así como los complementos de residencia e insularidad. Estas actualizaciones buscan adaptar las retribuciones a la realidad social y económica actual.
Otro punto relevante es la actualización del Plan de Competencias Digitales. Este programa ofrecerá formación en niveles básico, intermedio y avanzado, incluyendo capacitación en inteligencia artificial. También se incorpora la difusión de derechos digitales para los empleados públicos. Con estas medidas se pretende que la plantilla esté preparada para un entorno de trabajo profundamente digitalizado.
Conclusión y expectativas
El acuerdo alcanza también al Observatorio del Empleo Público, que seguirá analizando los nuevos perfiles profesionales que demanda la evolución tecnológica y social. Este órgano emitirá propuestas sobre selección, formación y temporalidad, contribuyendo así a la planificación estratégica del empleo público. Su función será clave para anticipar cambios y orientar las políticas de recursos humanos.
A pesar del apoyo de dos de los sindicatos firmantes, la decisión final de CCOO se dará a conocer tras la valoración de su Consejo Confederal. La organización ha manifestado reservas sobre compromisos pendientes de acuerdos anteriores, como la jubilación parcial o la reclasificación profesional. El resultado de esta votación podría influir en el respaldo global al documento, aunque las líneas pactadas mantienen firme la hoja de ruta prevista.
El acuerdo marca un punto de partida hacia una Administración más moderna, preparada para afrontar retos tecnológicos y orientada a mejorar el servicio público. La reforma se plantea como un proceso gradual, pero con impacto directo en las condiciones laborales y en la atención a la ciudadanía.
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