El panorama laboral en España podría experimentar cambios significativos tras el reciente fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Este organismo ha determinado que la normativa española sobre la indemnización por despido improcedente viola el artículo 24 de la Carta Social Europea.
El sindicato UGT, que interpuso la demanda en marzo de 2022, ha sido el catalizador de esta decisión histórica.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado el fallo y ha anunciado la convocatoria de sindicatos y empresarios para discutir una reforma en este ámbito.
Díaz ha enfatizado la necesidad de que las indemnizaciones por despido improcedente sean más justas y disuasorias, alineándose con los estándares europeos.
Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, también ha subrayado la insuficiencia de las indemnizaciones actuales, que no cumplen con los criterios disuasorios y restauradores necesarios.
Según Luján, España debe adaptarse a la resolución del CEDS para garantizar una indemnización justa y eficaz.
¿Está España obligada a subir la indemnización por despido improcedente?
España ratificó la Carta Social Europea y, según el CEDS, la normativa actual sobre indemnización por despido improcedente no garantiza una compensación adecuada, violando así el artículo 24 de dicha carta.
Según Carlos Javier Galán, España está obligada a cumplir las resoluciones del CEDS, dado que ratificó tanto la Carta Social Europea revisada como el Protocolo adicional de reclamaciones colectivas.
La cuestión ahora es si España está realmente obligada a reformar su sistema de indemnizaciones. Según Galán, aunque el CEDS no establece un plazo concreto para realizar cambios, España debería adaptar su normativa para evitar inseguridades jurídicas y cumplir con los estándares europeos.
¿Cuál es el plazo para implementar la reforma?
El fallo completo del CEDS se espera para el próximo lunes 29 de julio, momento en el que se podrán conocer todos los detalles y matices de la resolución.
Aunque no hay un mecanismo coercitivo que obligue a España a actuar de inmediato, la presión para adaptarse a la resolución es significativa.
En este contexto, se espera que la reforma no solo incremente las cuantías de las indemnizaciones, sino que también introduzca mecanismos más justos y disuasorios para evitar despidos injustificados.
La implementación de estos cambios dependerá en gran medida del diálogo social entre el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
¿Qué repercusiones tendrá el fallo del CEDS en los casos judiciales?
El fallo del CEDS podría tener un impacto directo en los casos abiertos sobre indemnizaciones por despido improcedente en los tribunales españoles.
Según Galán, los jueces están obligados a aplicar los tratados internacionales suscritos por España, lo que significa que la interpretación del CEDS debe ser tenida en cuenta en las decisiones judiciales.
Esto podría dar lugar a resoluciones dispares si no se legisla rápidamente para armonizar la normativa española con los criterios del CEDS.
La falta de una legislación clara podría generar inseguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empresarios.
¿Cuáles son los posibles modelos para reformar el sistema de indemnización?
Para abordar este fallo, se han propuesto varios modelos de reforma. Yolanda Díaz ha sugerido el concepto de “despido restaurativo” o “indemnizaciones a la carta”, que implicaría evaluar cada caso individualmente considerando factores como la edad, la antigüedad en la empresa y la pertenencia a colectivos vulnerables.
Por otro lado, Podemos y otros grupos parlamentarios abogan por volver a la antigua indemnización de 45 días de salario por año trabajado.
Sin embargo, Galán señala que este modelo podría no ser suficiente para cumplir con los requisitos del CEDS, ya que una indemnización tasada y rígida no siempre resarce adecuadamente los daños causados.
¿Qué dificultades enfrenta la implementación de esta reforma?
La implementación de esta reforma enfrenta varios desafíos, especialmente en el ámbito político. Yolanda Díaz ha mostrado su intención de reformar el sistema de indemnización actual, pero ha encontrado resistencia dentro del propio gobierno y de la patronal.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, ha mostrado reticencias a modificar la normativa actual, considerándola adecuada y aportadora de seguridad jurídica.
Además, la patronal, representada por Antonio Garamendi, ha declarado que el fallo del CEDS no les obliga a realizar cambios, lo que podría dificultar el consenso en la Mesa del Diálogo Social.
¿Cuál es la postura de los sindicatos ante estos obstáculos?
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha dejado claro que, si no se lleva la reforma a la Mesa del Diálogo Social, los sindicatos lucharán “sentencia a sentencia” para garantizar que los trabajadores obtengan una indemnización justa.
Esta determinación refleja la importancia de la reforma para los sindicatos y su compromiso con la defensa de los derechos laborales.
La reforma de las indemnizaciones por despido en España es una cuestión compleja que requiere un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las preocupaciones de los empresarios.
La adaptación de la normativa a los criterios del CEDS es esencial para garantizar una indemnización justa y eficaz, evitando así despidos arbitrarios y mejorando la seguridad jurídica en el ámbito laboral.
