El cierre del año 2023 ha transcurrido sin la anhelada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, generando tensiones y debates dentro del Gobierno.
Con casi tres millones de trabajadores afectados, el objetivo inicial del Ministerio de Trabajo de incrementar el SMI se ve estancado, principalmente debido a un conflicto interno en el seno del Gobierno.
El conflicto: Hacienda bloquea la subida del SMI
El estancamiento en la subida del SMI se atribuye a la negativa del Ministerio de Hacienda a revisar las tarifas de las contrataciones públicas, una condición crucial marcada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La falta de acuerdo en este punto ha llevado a un bloqueo que afecta directamente a la aprobación del tripartito liderado por Yolanda Díaz.
La demanda empresarial: Contratos públicos y aumento de costos laborales
Desde la patronal, se destaca la necesidad imperante de actualizar los contratos públicos al mismo nivel que el aumento de los costos laborales, buscando así compensar el incremento del SMI.
La petición, sin embargo, habría sido vetada por María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, preocupada por el gasto adicional que conllevaría la actualización de las tarifas y su impacto en las reglas fiscales impuestas por Bruselas.
Fuentes empresariales expresan la incongruencia de un aumento del 47% en el SMI mientras la cuantía de los contratos públicos permanece inalterada. La falta de ceder por parte de la patronal complica la resolución del conflicto, evidenciando la necesidad de un equilibrio entre las demandas empresariales y la realidad fiscal.
Perspectivas de subida y puntos de negociación
Se espera que la subida del SMI se aborde en enero del próximo año, con Yolanda Díaz buscando el consenso entre sindicatos y patronal. Sin embargo, las perspectivas de acuerdo se ven amenazadas por las discrepancias en el porcentaje de la subida.
Mientras Trabajo propone un aumento del 4%, los sindicatos abogan por un 5%. La patronal, por su parte, se inclina hacia un 3%, condicionado a la revisión de contratos públicos y una bonificación del 20% en las cotizaciones de trabajadores agrarios.
En caso de no alcanzar un acuerdo, la posibilidad de que el aumento se aplique con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 se mantiene, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
La congelación del SMI evidencia la complejidad de equilibrar las necesidades laborales con las demandas fiscales, generando incertidumbre sobre el horizonte de la subida salarial en España.
