En un hito significativo, el Gobierno ha aprobado la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades autónomas con régimen común que así lo soliciten.
Esta medida, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el último Consejo de Ministros del año, equipara a estas comunidades con las de régimen foral, como País Vasco y Navarra, que ya contaban con esta competencia.
Descentralización para una cobertura social más efectiva
La decisión de descentralizar la gestión del IMV refleja la voluntad del Gobierno de impulsar una mayor autonomía en las políticas de Seguridad Social.
Aunque el exministro José Luis Escrivá se mostraba reticente, la actualización responde a la disparidad de rentas vitales de inserción, antecesoras del IMV, entre comunidades.
Para garantizar una distribución más equitativa, se establecieron diferentes cuantías según la carga familiar y las circunstancias patrimoniales de cada familia.
Objetivo: Llegar a la pob lación vulnerable
El Ingreso Mínimo Vital no ha alcanzado las estimaciones iniciales de beneficiarios. Hasta finales de noviembre, solo había llegado a 710,341 hogares, 139,650 menos de lo proyectado. Este desajuste evidencia la complejidad de llegar a la población objetivo.
La cesión de la gestión a las comunidades autónomas busca aprovechar el conocimiento local para mejorar la efectividad en la entrega de esta ayuda.
Desafíos y perspectivas
A pesar de las dificultades iniciales, el Gobierno espera que a finales de este año se alcancen los 2,150,000 beneficiarios, incluyendo a País Vasco y Navarra.
La medida forma parte de un conjunto de acciones que buscan fortalecer el escudo social para 2024, que incluye la rebaja del IVA en alimentos básicos, reducciones en tarifas de luz y gas, ayudas al transporte público y la prórroga del contrato de relevo.
La cesión de la gestión del IMV representa un cambio significativo en la administración de políticas sociales, destacando la adaptación a las necesidades locales como una estrategia clave para superar los desafíos en la implementación de programas de asistencia social a nivel nacional.
