Estrasburgo ha dado la razón al sindicato UGT, obligando al Gobierno español a modificar la regulación actual de las indemnizaciones por despido.
Esta decisión implica la eliminación del tope de 2 años, estableciendo un mínimo de 6 meses de indemnización.
Además, UGT ha solicitado la reintroducción del salario de tramitación y una mayor agilidad en los procedimientos judiciales relacionados con despidos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, se enfrenta ahora a este nuevo desafío mientras continúa las negociaciones para la reducción de la jornada laboral.
La sentencia del Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha sido favorable a la reclamación de UGT, liderado por Pepe Álvarez, quien argumenta que la actual regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España no cumple con la Carta Social Europea.
¿Qué implica el cambio en las indemnizaciones por despido?
Actualmente, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.
Los sindicatos sostienen que esta normativa no ofrece suficiente protección a los trabajadores, facilitando a las empresas la rescisión de contratos.
La reforma exigida por Estrasburgo incrementará el coste del despido, lo cual no será previsible para las empresas.
UGT subraya que las nuevas indemnizaciones deberán considerar las condiciones específicas de cada trabajador despedido, como su situación económica, responsabilidades familiares y vulnerabilidad.
Esto marcará un cambio significativo en la protección de los derechos laborales, asegurando que las indemnizaciones sean más justas y equitativas.
¿Cómo afectará la reintroducción del salario de tramitación?
UGT insiste en la necesidad de recuperar el salario de tramitación, compensación que un empleado recibe desde el momento del despido hasta la resolución judicial. Fernando Luján, vicesecretario de políticas sindicales de UGT, también ha pedido una mayor celeridad en estos procesos judiciales.
La resolución de Estrasburgo es vinculante, lo que obliga al Gobierno a modificar la ley. El Ministerio de Trabajo ya ha manifestado en varias ocasiones su disposición a aumentar las indemnizaciones por despido, en línea con la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales.
La reintroducción del salario de tramitación no solo beneficiará a los trabajadores despedidos, sino que también incentivará a las empresas a resolver los conflictos laborales de manera más rápida y justa.
¿Cuáles serán los próximos pasos del Gobierno?
El Gobierno deberá proceder con la reforma de la ley para cumplir con la resolución de Estrasburgo. Esto implicará una revisión exhaustiva de la normativa actual sobre despidos e indemnizaciones, asegurando que se alinee con los estándares establecidos por la Carta Social Europea.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, tendrá un papel crucial en esta reforma. La eliminación del tope de 2 años y la introducción de un mínimo de 6 meses para las indemnizaciones por despido improcedente supondrán un cambio importante en el panorama laboral español.
Además, la reintroducción del salario de tramitación y la agilización de los procedimientos judiciales son aspectos esenciales que deberán ser abordados en esta reforma. Esto garantizará una mayor protección para los trabajadores y una resolución más eficiente de los conflictos laborales.
En resumen, la reforma de las indemnizaciones por despido será un paso significativo hacia la mejora de los derechos laborales en España, asegurando una mayor equidad y justicia en el tratamiento de los trabajadores despedidos.
Con estos cambios, el Gobierno y los sindicatos buscan construir un marco laboral más justo y equilibrado, que proteja mejor a los trabajadores y fomente prácticas empresariales más responsables.
